Jurista Jenny Egúsquiza advierte grave desconocimiento
del tema en las autoridades de todos los niveles

La Dra. Jenny Egúsquiza Oliveros, socia del Estudio Egúsquiza S. Civil de R.L., destaca en primer lugar que la actual Ley General de Minería ha impulsado la inversión minera en los últimos 25 años, por lo tanto es una buena ley que, como toda obra humana, podría ser perfeccionada, pero no en la dirección en la que han planteado los peticionarios de una nueva norma, proponiendo temas que no son idóneos ni se rigen por la Ley General de Minería, sino por otras normas. La jurista, experta en consultoría legal dirigida al sector minero y energético, además, enfatiza que “Tía María” ya no se encuentra en la esfera del Poder Ejecutivo, sino en el ámbito del Sistema de Administración de Justicia, por lo tanto, ni el Ministro de Energía y Minas ni el Presidente de la República, pueden decidir sobre el tema. En seguida la entrevista con la distinguida profesional peruana.

Doctora Egúsquiza, el gobierno se propone dictar una nueva Ley General de Minería ¿es conveniente modificar la norma en actuales circunstancias?
– En principio déjeme precisarle dos asuntos fundamentales:

Primero, gracias a la actual Ley General de Minería y a la Ley de Catastro Minero Nacional, se ha impulsado durante los últimos 25 años las inversiones mineras en el Perú, ello a pesar de las fluctuaciones de precios y algunos conflictos sociales. Eso significa que la ley es buena porque rindió sus frutos en beneficio del país. Toda obra humana es perfectible.
En segundo término, lo que los “solicitantes” piden es que se modifiquen aspectos tales como, el tratamiento y distribución de las regalías mineras, reordenamiento territorial, incremento de la carga tributaria al sector, uso del agua, entre otros. Todos estos temas no corresponden técnicamente a la normativa de la Ley General de Minería, sino algunas a normas tributarias, administrativas, del agua y demás. En consecuencia, una nueva ley minera no va a resolver dichos asuntos.
Los aspectos tributarios, la redistribución de la regalía, el uso del agua y aún el reordenamiento territorial, son regidos por otras normas, no por la Ley General de Minería. Por ejemplo, en cuanto al reordenamiento territorial, tema recurrente en los discursos de los predicadores anti – mineros, es necesario precisar que no solo alcanza al sector minero, sino que atraviesa, de manera horizontal, diversos sectores, tales como de planificación urbana, infraestructura, forestación, agricultura, ganadería, turismo, etc. En consecuencia, es indispensable un gran debate nacional y no la imposición antitécnica e ideologizada de ciertos grupos que no reconocen la posibilidad cierta de que la minería sí es compatible con actividades agrícolas, ganaderas, forestales, turísticas entre otras como se demuestra en otras partes del mundo. Lo que requerimos es un debate técnico y no simplemente político.
Esta aparente falta de conocimiento jurídico de los alcances de la Ley General de Minería, en los Gobernadores Regionales, Alcaldes y aún el Presidente de la República, nos lleva a pensar que quizás el gobierno viene utilizando, de manera irresponsable, los planteamientos de las autoridades subnacionales con fines netamente políticos.

¿Qué aspectos de la ley son perfectibles en su opinión?
– En mi opinión la Ley General de Minería debe contemplar cómo, se debe otorgar al minero, el derecho de uso de la tierra. Se dice que se debe imponer una servidumbre, pero esos procedimientos nunca fueron establecidos formalmente, notándose una total indiferencia del Estado por aclarar el tema. Desde que la Constitución impidió la expropiación de la tierra con fines de explotación minera, los inversionistas del sector se han visto obligados a negociar en una situación sumamente difícil y compleja. Es indispensable mejorar y precisar el concepto de servidumbre minera, estableciendo un procedimiento claro en la ley y su reglamento.

Actualmente, es un “procedimiento infinito”. En muchos casos los pobladores son simples poseedores de la tierra sin ningún título y, por otro lado, en los terrenos eriazos y del Estado, no se ha establecido procedimientos claros ni facilidades para que los inversionistas puedan usarlos o adquirirlos. El manejo de la tierra en favor de las inversiones productivas, extractivas o no, es un asunto que debe resolverse con urgencia y no seguir dejarlo en el limbo, tal como se encuentra hoy.

¿Qué se necesita para que el Proyecto Tía María sea viable,  cuando una de las partes no quiere dialogar?
– El Gobierno debe mostrarse y actuar con firmeza y defender ante el Consejo de Minería la licencia que otorgó válidamente, y volver a propiciar el diálogo entre los representantes de la población cuyas dudas aún persisten, la empresa y el gobierno central.

A la fecha de esta entrevista Tía María ha salido de “la esfera de decisión del Poder Ejecutivo” puesto que el Gobernador de Arequipa y una Asociación de Usuarios, han solicitado, al Consejo de Minería, la revisión de la licencia de construcción del proyecto. El Consejo de Minería, como parte del sistema de Administración de Justicia, ente autónomo (que no depende del MEM) ya admitió dicho recurso. En consecuencia, el ministro de Energía y Minas ni el Presidente de la República podrán adoptar ninguna decisión sobre la licencia otorgada, por haber pasado este asunto al Sistema de Administración de Justicia; pero están obligados a defender la licencia que otorgaron.
Para agravar la situación el Consejo de Minería ha decidido no resolver nada por 120 días. En este contexto, el ambiente político que ya se encontraba muy enrarecido, ha empeorado. No sólo con los audios difundidos, cuyo protagonista es el propio Presidente de la República, sino que peor aún afirmar que la validez y vigencia de una licencia otorgada, está sujeta a una “licencia social”, es un argumento jurídicamente inaceptable. En derecho, tal concepto no existe. Por tanto, en rigor Tía María podría construirse hoy. Mas aún si se acredita – con unos audios – que el mismo Presidente de la República es quien ha propiciado una situación de conflicto social.
Por todo lo dicho, pretender cancelar una licencia, como lo sigue pidiendo, el Gobernador Regional de Arequipa, basado en concepto antijurídicos y con la endeble actuación del Jefe de Estado y su Ministro; causan mucho daño al país.

¿Y cuál es la salida, Dra. Egusquiza?
– Es lamentable el actuar del gobierno, su falta de claridad y transparencia para encausar un dialogo que hubiera permitido aclarar a la población sus dudas y dar la certeza jurídica que los inversionistas reclaman con todo derecho.
Sin embargo, confío en el diálogo productivo, por lo tanto, éste debe reanudarse.

La Confiep, la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo; La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre otras agrupaciones empresariales, deben actuar con firmeza reclamando al gobierno nacional y las subnacionales, absoluta transparencia y veracidad, así como el cumplimiento irrestricto de la Ley.

Es el momento para que los gremios empresariales también actúen con firmeza. Como jurista con alguna trayectoria en las áreas de derecho corporativo, minero y energético, les pido exigir un manejo responsable a las autoridades de todos los niveles, porque solo así seremos realmente un país viable.

¿Qué hace falta para que todos los proyectos mineros salgan adelante?
– Antes de contestar la pregunta propiamente dicha, quiero reflexionar en un tema fundamental. Hay que reconocer que por primera vez en su historia, el Perú tiene un superávit en caja, es decir, tenemos dinero, pero ese dinero no está llegando a las poblaciones, ¿y quién tiene la culpa de ello? No son acaso los alcaldes, gobernadores regionales y el gobierno central los que deben hacer efectiva “la inversión social” en favor de nuestros pueblos y comunidades?

Ese descontento de muchos pobladores se focaliza, a mi entender muchas veces injustificadamente, en las compañías mineras. La actividad privada puede apoyar y contribuir con algunas obras de manera voluntaria, pero no tiene ninguna obligación legal. La responsabilidad es del Estado en los diferentes niveles de gobierno. No hay capacidad de gestión. El Estado debe resolver este problema con urgencia contratando ingenieros y economistas de reconocida capacidad técnica y trayectoria. Ese es el origen de los conflictos sociales, porque la población quiere ver el fruto de la inversión minera convertido en colegios, hospitales, carreteras, canales de irrigación, etc.

Ahora paso a proponer algunas cosas que se pueden y se deben hacer.

Primero.- Que las empresas cumplan con sus obligaciones de inversión en los aspectos sociales y medio ambientales y que a la vez comuniquen a la población adecuadamente, promover el adelanto de inversiones (por parte del Estado) para que la población perciba rápidamente las ventajas de tener una mina en su ámbito de influencia.

Segundo.- Todos, la academia, los colegios profesionales, entidades gremiales, en fin la sociedad en su conjunto debe exigir a los gobernadores, alcaldes y demás autoridades que dejen de hacer un uso irresponsable de estos eventos, con fines electoreros. ¡Basta ya de tantas medias verdades, falacias y hasta mentiras! Es lamentable todo lo que dicen. Por ejemplo, la minería usa muy poca agua, creo que es un aproximado del 2 %, del total disponible, y pretenden culpar a esta actividad de falencias. Lo cierto es que los recursos hídricos son usados mayoritariamente por la agricultura, ganadería, poblaciones, industrias, sin que a ninguna de ellas los políticos les exija un manejo responsable. ¿Hay algún presidente, gobernador o alcalde que haya explicado esto? ¿Por qué?

Lo fácil y políticamente útil es atacar a la actividad minera. Debemos advertir a los políticos irresponsables, que los recursos no son ilimitados y que esta situación de inseguridad afecta mucho la confianza y el entusiasmo de los inversionistas.

Tercero.- Los gremios empresariales. Es hora de que exijan con firmeza una actuación, transparente y veraz a las autoridades, sean del gobierno central, regional y/o municipal.
Si se trabaja en esos tres aspectos creo que pronto se verían mejores resultados.

Muchos pasivos ambientales constituyen una mala imagen para la minería actual, ¿qué hacer?
– A fines de los 90 se terminó de legislar sobre el tema de pasivos ambientales, de esa minería irresponsable que desde los años 50 hasta fines de los 80 los había generado. Se preparó y generó la “data de todos los pasivos ambientales que existían en el Perú”. Sobre dicha base el año 2006, se legisló a fin el Estado realice el saneamiento correspondiente, ya sea en corresponsabilidad con el nuevo titular de la mina o si ésta ya había llegado a su vida útil, el Estado asumía todo el gasto.
Una vez más, el Estado no cumplió esta obligación, a pesar de que se conoce dónde están los pasivos a nivel nacional y de dónde vienen las aguas ácidas de esos pasivos ambientales.
A decir verdad, la Sociedad Nacional de Minería tampoco ha exigido al gobierno a cumplir esta tarea impostergable.

La mayor parte de las empresas privadas actuales, actúan responsablemente, aunque tenemos también muy malos ejemplos como el de Doe Run, Cobriza y otros, donde no se cumplieron con sanear los pasivos ambientales. Estas empresas deben ser drásticamente sancionadas.

Frente a esta incertidumbre institucional, ¿cuál es la agenda país desde la perspectiva de los empresarios?
– En el aspecto político creo que la mayoría de peruanos queremos el diálogo, dejar las acusaciones de unos a otros. En el sector público esto ya ha llegado al clímax, pues todos los días se escuchan y ven ataques, insultos, enfrentamientos permanentes entre los dos principales poderes del Estado, el Ejecutivo y el Congreso. El país necesita con urgencia un clima de paz, dialogo y armonía.

En cuanto a la Agenda País, al que se refiere su pregunta, en mi modesto entender, el Estado Peruano es el que debe reformarse. Su ineficiencia es extrema tanto para ejecutar las obras de diversa envergadura que la población demanda, como para evitar la corrupción. Así, la Agenda País número 1 es que el Estado se reforme, con procedimientos más técnicos.

También se requiere con urgencia políticas de estado para combatir la informalidad en todas sus esperas. Todas las actividades están inmersas en ello; y ello propicia un empleo informal, sin derechos.

Otro tema en el que todos los peruanos coincidimos es la erradicación de la corrupción, hay que reconocer esta bandera levantada por el Presidente Vizcarra, pues la corrupción ha llegado a situaciones intolerables, originando una serie de problemas políticos, jurídicos, económicos y sociales. La corrupción debe ser combatida por todos los peruanos desde el lugar en el que se desempaña en la vida cotidiana.

Desde el ámbito privado, definitivamente, SE debe primero INFORMAR a la población, no solo de las divisas que aporta el sector minero, sino también los aspectos ambientales y sociales positivos que aporta la minería responsable; que el uso del agua que hace el sector de ninguna manera pone en peligro la actividad agrícola, ganadera, turística entre otros.

Exigir a los Gobernadores Regionales y Alcaldes, mejoras en su gestión, ya que muchos de ellos, por incapacidad o falta de decisión política, no invierten los recursos del canon o la regalía minera. Es necesario que la población perciba que su, CALIDAD DE VIDA MEJORA, CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SANEAMIENTO, AGUA, COLEGIOS, HOSPITALES, ETC.

¿En los últimos años hemos avanzado algo en exploración minera, Dra. Egúsquiza?
– Lamentablemente en los últimos años hemos bajado muchísimo la intensidad de la actividad exploratoria en el país, los números no mienten. El principal factor de la falta de exploración es exógeno, porque los capitales se han alejado de esta actividad por diversos motivos, económico financieros caída del precio de los metales, entre otros.

Sin embargo, este es un tema cíclico, considero que el entusiasmo por la exploración volverá y cuando vuela es indispensable que el país esté preparado para agilizar los permisos correspondientes, pues este ha sido siempre una de las grandes deficiencias del Estado.

¿Por qué prevalece la llamada “licencia social” si este concepto no figura en nuestro ordenamiento jurídico?
– En este tema, los inversionistas, los gremios empresariales, las autoridades y, prácticamente todos, nos hemos dormido, no hemos cumplido nuestro trabajo de aclarar el asunto, haciendo política, pero POLÍTICA en el sentido superior y amplio. Con nuestra dejadez hemos permitido que los anti- mineros y manipuladores de la verdad, llenen la cabeza de pobres pobladores de una serie de mentiras, haciendo prevalecer su agenda política propia.
A estos grupos no les interesan el bienestar de los pobladores, ni el desarrollo del país, su objetivo es generar caos, atizar conflictos sociales y paralizar la inversión.

Es necesario decir con mucha franqueza que estos antimineros están organizados y tienen experiencia en hacer bulla y laberinto, originando que su accionar rebote en los medios de comunicación. En Tía María, actúa un grupo minoritario que ha hecho crecer la crisis, cuando según algunas encuestas más del 60% de los pobladores está a favor del desarrollo del proyecto. Por esta razón, no es exagerado sostener que Tía María cuenta con una aprobación mayoritaria de la población que la apoya, pero es esta población mayoritaria la que carece de voz. Entonces de que “falta de licencia social se habla” a qué se refieren los que dicen ello?

Me parece que se alude, se defiende a una minoría agresiva que pretende imponerse.