• Se está atentando contra los pilares de la economía nacional

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó nuevamente su rechazo a las acciones de criminalidad y extrema violencia que continúan perpetrando las organizaciones vinculadas a la minería ilegal, ante la inacción del Estado peruano.

Esta escalada de ataques se evidenció una vez más el último miércoles, con la voladura de la Torre 55 en la localidad de Zancobamba, en La Libertad, conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que dejó sin energía a todas las operaciones de las unidades mineras Marañón y Santa María, de la empresa Poderosa.

“Estos no son hechos aislados, en el país se viene sufriendo atentados contra la vida y la salud de las personas, y ataques sistemáticos a la infraestructura, invasiones de terrenos y propiedad privada. Estos actos criminales en escalada a manos de los mineros ilegales buscan desestabilizar la economía formal en el país”, señaló la SNMPE.

El gremio viene demandando la urgente acción del Estado para frenar el avance descontrolado de la minería ilegal, así como implementar mecanismos rigurosos para el control en la adquisición, venta, transporte y uso de explosivos e insumos químicos.

Además, es necesario el fortalecimiento de la fiscalización a las plantas de beneficio, identificando a aquellas que reciben y tratan minerales ilegalmente extraídos. Para ello, requerimos el involucramiento directo de entidades fiscalizadoras como el MINEM, OEFA, OSINERGMIN, SUNAFIL, SUNAT, entre otras.

“Las empresas mineras formales siguen rigurosos procedimientos para operar, entre ellos los necesarios para adquirir explosivos, dado que se trata de material peligroso. En cambio, las bandas criminales que trabajan con la minería ilegal ahora con total impunidad tienen en su poder y comercializan explosivos para imponer el terror”, agregó.

El gremio minero energético manifestó que es importante que las plantas que procesan minerales cuenten con protocolos de trazabilidad confiable que los obligue a acreditar el origen lícito del oro que producen.

“Deberíamos convertirnos en un país pionero en la compra y venta de oro responsable, que no alimente esta cadena perversa y que evite pérdidas al Estado y a las regiones, así como el deterioro ambiental y de seguridad y salud”, indicó.

Finalmente, la SNMPE reiteró la invocación a las autoridades del Ejecutivo a liderar un trabajo conjunto con el sectores público y privado, la sociedad civil, la academia, la iglesia y otros actores, para luchar contra este flagelo de la sociedad, y hacer valer el principio de autoridad por sobre las acciones de terror.