Abogada Evelyn Yauri: Deben existir políticas adecuadas para capacitar a los gobiernos regionales y locales sobre la mejor forma de ejecutar los fondos provenientes de los gravámenes mineros.

La doctora Evelyn Yauri, socia cofundadora de Zegarra LLC Abogados, manifestó que desde el 2011 se establecieron los gravámenes mineros en el Perú: la Nueva Regalía Minera, el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Especial a la Minería, gravámenes que en estos 14 años no han sufrido modificaciones, lo cual genera confianza en los inversionistas.

Explicó que estos gravámenes pasan por tres fases: (i) su recaudación, (ii) su transferencia a las regiones; y, (iii) su ejecución. Sostuvo que el Perú mantiene un buen nivel de recaudación, según se aprecia de las publicaciones mensuales del Ministerio de Energía y Minas, en las cuales también se detalla cuánto se transfiere a los gobiernos regionales. Sin embargo, el problema radica, según dijo, en cómo se invierten los recursos transferidos y lo que es más grave aún, que en muchos casos simplemente no se invierten.

“Debe existir políticas adecuadas para capacitar a los gobiernos regionales y locales sobre la mejor forma de ejecutar estos fondos”, comento.

En opinión de la doctora Yauri, se debe impulsar proyectos conjuntos entre el Estado y el sector privado, por ejemplo, a través del mecanismo de Obras por Impuestos que ha resultado bastante exitoso. Así, más de 180 obras en educación, transporte y salud (entre otros) han sido ejecutadas por empresas mineras. Sin embargo, aún se presentan problemas, según dijo, en la parte operativa cuando se hacen observaciones a aspectos inmateriales dilatando la conclusión de los proyectos y a veces -incluso- paralizándolos. No obstante, Evelyn Yauri reconoció que Proinversión cumple muy bien su labor de promover la inversión, al impulsar y visibilizar este mecanismo de Obras por Impuestos.

Asimismo, puso en evidencia la importancia de brindar a las comunidades información clara y accesible sobre temas que suelen generar confusión, como la diferencia entre la propiedad de un terreno y la titularidad de una concesión minera. Explicó que ambos son títulos jurídicos distintos, y cada uno implica obligaciones y consecuencias legales específicas.

Indicó, por ejemplo, que el titular de una concesión minera no es necesariamente el dueño del terreno, pero sí cuenta con el derecho de realizar actividad minera en esa zona, siempre que cumpla con las autorizaciones correspondientes. Entre ellos, destacó la obligación de ejecutar efectivamente la actividad minera dentro de un plazo determinado; de lo contrario, se aplican penalidades.

La especialista, sostuvo que la minería es uno de los principales pilares de la recaudación del país, siendo que esta responsabilidad recae en un grupo reducido de empresas formales. En ese contexto, enfatizó que no es sostenido seguir exigiendo mayores cargas a las mismas empresas formales, por ello se debe ampliar la base tributaria.

Para lograrlo, en su opinión, es necesario avanzar en la formalización sobre todo de los que actualmente se están dedicando a la minería informal. Destacó que el Estado tiene un rol clave en este proceso, y que para facilitarlo se debe diseñar herramientas accesibles y una estructura tributaria sencilla y clara.

“Cuando el sistema se vuelve muy complejo o restrictivo, termina generando barreras que desincentivan la formalización y que, en algunos casos, estas barreras pueden ser usadas como excusa para mantenerse al margen de la legalidad”, recalcó.

Por otro lado, la especialista recordó que la estabilidad jurídica es un factor clave para atraer inversiones al país, especialmente en sectores como la minería, donde se necesita inversiones de gran envergadura.

En ese sentido, destacó que el sistema financiero peruano ha demostrado capacidad para respaldar estas iniciativas, facilitando el acceso a financiamiento cuando el entorno es predecible y confiable. No obstante, explicó que la SUNAT realiza una trazabilidad exhaustiva del financiamiento, solicitando a las empresas una carga significativa e irrazonable de documentación y pruebas a fin de verificar el origen y destino de los fondos utilizados.

Por otro lado, la especialista explicó que, actualmente, Perú debe asumir una tarifa base del 10 % impuesta por Estados Unidos, lo que ya está generando impactos en sectores como el agrícola y textil. Añadió que -en principio- a partir de agosto también estaría prevista la aplicación de una tarifa del 50 % sobre las importaciones de cobre a los Estados Unidos, aunque su impacto sería relativamente limitado debido al porcentaje reducido de exportaciones de cobre hacia dicho país. En ese contexto, señaló que tanto el Gobierno peruano como el sector privado deberían prepararse para negociar o aclarar el alcance de estas medidas antes de que entren plenamente en vigor.

La firma Zegarra LLC Abogados celebró su primer año de fundación, rodeado de clientes, amigos y destacadas personalidades del sector minero y empresarial.

Con un enfoque especializado en derecho corporativo, tributario y sectores estratégicos como minería y energía, Zegarra LLC Abogados consolida su propuesta como una firma legal moderna, ágil y profundamente comprometida con sus clientes y con el desarrollo empresarial del país.