“Tecnología moderna y definir qué tipo de materia prima va a tratar,
son pasos indispensables para su reactivación”, sostiene experto

En opinión del Ing. Julio Bonelli Arenas, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Omi Mining, para reactivar el Complejo Metalúrgico de La Oroya, este debe entrar en un proceso de modernización que puede ser paulatino, para hacerlo competitivo, porque “no se puede seguir trabajando con la misma tecnología  del 2009 en los actuales momentos y con miras al futuro”. Sostuvo que el otro paso indispensable, es analizar qué materia prima se trataría en este complejo, teniendo en cuenta que hoy la empresa no tiene minas en la zona, como sí las tenía cuando se construyó a principios del siglo pasado. “Esta fundición  fue diseñada para tratar minerales complejos y producir metales de alta calidad, era todo un reto, sin embargo, no se modernizó la tecnología”.

reconoció que el Complejo Metalúrgico de La Oroya pasa por un momento crítico, el cual se inició en el 2009 al suspenderse sus actividades productivas por el incumplimiento de la extensión excepcional del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental) que el MINEM le había otorgado en el 2006.
Hasta el 2009, agregó, el complejo estaba operando con dos circuitos (plomo y zinc) y el tercero (el de cobre) tenía en construcción tanto el nuevo reactor, que con la suspensión se quedó a medias, así como la planta de ácido sulfúrico para este circuito. “En el 2011, con el cambio de gobierno, se le encargó a una empresa administradora concursal para que organice, a través de una licitación internacional, la venta del complejo”, señaló.
Sin embargo, indicó que surgieron algunos inconvenientes, como la reducción del estándar de calidad de SO₂ por el MINAM, a partir del 2009. La norma indicaba que el estándar para SO₂ debería bajar a 80 microgramo/m₃ de su valor de 365 microgramo/m₃ cuando fue aprobada la extensión excepcional del PAMA en el 2006.
En estos más de ocho años, según recordó, se han sucedido varias empresas administradoras del complejo, pero que lamentablemente no han podido concretar la venta; más bien con el correr de los años, la disponibilidad de recursos económicos para el pago de los gastos que se debían enfrentar (pago de la administradora entre otros) en esta fase de liquidación, se ha vuelto cada vez más difícil.
“Todo ello ha ido menguando una posibilidad de salida como se hubiera deseado, en el entendimiento de que el complejo de La Oroya ha sido y debe ser una instalación fundamental para el Perú”, señaló.
Julio Bonelli, fue enfático señalando que en estos momentos ya no se puede pensar simplemente en cumplir con el PAMA, sino apuntar a un proceso, que puede ser paulatino, de modernización de las instalaciones, para hacerla competitiva, porque no se pude seguir trabajando con la misma tecnología del 2009. Obviamente este proceso implica inversión.
Recordó que la fundición tenía costos elevados por el tratamiento de concentrados complejos, por lo tanto, no tenía mucha posibilidad de atraer concentrados limpios. Por ejemplo, los concentrados de cobre, con presencia de plomo y zinc, hacen más difícil la operación y se generan polvos de fundición que rebasan la capacidad de recircularlos; por lo tanto, hay que almacenarlos con el consiguiente impacto a la higiene de la planta y el ambiente que rodea a la fundición.
En mi opinión -continuó-, para reactivar el complejo, tal como está hoy, tendría que iniciarse analizando qué materia prima se trataría en esta fundición, teniendo en cuenta que hoy la empresa no tiene minas en la zona, como sí las tenía cuando se construyó. “No se olvide que el complejo fue diseñado para tratar minerales complejos y producir metales de alta calidad, fue todo un reto que se materializó en la misma Oroya, sin embargo, más adelante no se modernizó la tecnología”, recalcó.
Hizo hincapié en que al no tener minas, el complejo tendría convertirse en una instalación netamente de servicios y cuando eso suceda tiene que competir en costos con otras planta similares y para ello la modernización es indispensable.
“Siendo honestos, tenemos que reconocer que en este proyecto ha faltado el apoyo del Estado, que más bien parece que ha querido deshacerse del problema dando todo el poder a las empresas administradoras para que definan su suerte sin considerar el tipo de instalación que tenían al frente”, subrayó.
Dijo que La Oroya no solo es una planta que trata diversos tipos de concentrados, sino una instalación de gran ayuda a la pequeña minería de la zona y del Perú en general, que hoy es impactada fuertemente por las condiciones de venta en que se realizan sus concentrados al no estar operando el complejo metalúrgico.
En cuanto a la necesidad de agilizar los permisos de las operaciones mineras, el profesional opinó que la ventanilla única, efectivamente, hizo más ágil el otorgamiento de los permisos. Por su experiencia como exdirector de Asuntos Ambientales del MINEM, sostuvo que es necesario ser exigentes en todos los requisitos que una compañía minera debe cumplir, pero a la vez dialogar con los representantes de la compañía para que el proceso se acelere por ambos lados.
“Lamentablemente, en el Perú, cuando a uno lo ven conversando con un representante de la compañía recurrente ya piensan que le están comprando”, enfatizó.
A manera de anécdota, recordó que el Proyecto Lagunas Norte de Barrick fue aprobado en seis meses; el 1 de Abril se presentó el EIA y el 1o de Octubre ya había sido aprobado.
En opinión de Julio Bonelli es indispensable simplificar el enfoque, pues un expediente (EIA) de 5 mil folios puede resumirse en otro documento más pequeño que contenga los aspectos claves del proyecto debidamente sustentados. “Los especialistas no deben ocuparse mucho tiempo de las cosas menudas en su evaluación, sino ver los aspectos indispensables y críticos de un proyecto”, señaló.
Respecto al control de impactos en el proyecto y luego en la operación, precisó que en la fase de estudio de impacto ambiental se trata de prevenir los posibles impactos y si de todas maneras se producen de una manera atenuada, se debe precisar la forma de mitigarlos. Agregó que cuando la planta ya está operando se realiza la fiscalización a cargo de las entidades correspondientes.
Respecto a la exploración, según dijo, es una actividad que tiene un impacto bastante reducido y temporal, en consecuencia, lo más importante es saber qué trabajos se van a realizar y cómo van a dejar el sitio al final. “Y lo que deben dejar es igual o mejor de lo que encontraron al llegar”, recalcó.
Con mucha convicción señaló que no se justifica un tiempo demasiado largo para la aprobación de los permisos.
Es inaceptable, en su opinión, que nuestro país con una actividad minero-metalúrgica centenaria y con abundantes recursos minerales, no haya sido capaz de generar un desarrollo e industrialización acordes con esa realidad.
“La paralización del complejo de La Oroya hace esta situación aún más trágica toda vez que hemos retrocedido en la producción de metales refinados”, remarcó.