• Vidalón Guillermo Comunicador Social especialista en la Industria Extractiva

El cierre de las denominadas brechas sociales depende de la positiva evolución de la economía y ésta principalmente del liderazgo de sus autoridades que deben transmitir confianza a los inversionistas. Sin inversiones no hay generación de empleo y sin trabajo no hay reducción de la pobreza.

Recordemos que el mejor programa social es el empleo que cumple con la legislación laboral vigente y que se mantiene en el tiempo, es decir, condiciones adecuadas para que se cumplan los criterios de sostenibilidad. De esta manera, un país incrementa sus niveles de producción y, si se actúa con suficiente habilidad, con los mismos recursos se logra incrementar la productividad (obtener mejores resultados, en el menor tiempo posible y con recursos equivalentes).

La pobreza monetaria se ha incrementado, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), afectando al 29% de la población como consecuencia de la pandemia del COVID-19; pero, fundamentalmente por políticas erráticas que ahuyentaron las inversiones y postergaron el desarrollo de diferentes proyectos.

El Perú tiene la posibilidad de atraer inversiones significativas en sectores como la minería sea porque cuenta con un gran potencial geológico y, también, porque el mundo está comprometido con la sustitución de la matriz energética para pasar del consumo de combustibles fósiles (petróleo) a la aquella que se obtiene de generadoras eléctricas, sean convencionales o renovables.

Dado que la electricidad demanda del empleo de conductores de energía es que el cobre se convierte en una oportunidad que debemos aprovechar -cuanto antes mejor-, porque de lo contrario serán otros países los que establecerán mecanismos para atraer las inversiones hacia sus respectivos destinos.

Uno de los cambios significativos se va a reflejar en la cantidad de cobre que emplea la electromovilidad, porque el consumo de este metal con respecto a un vehículo convencional es cuatro veces mayor y ello impactará -como ya lo está haciendo- en la mejora de los precios y los países productores como el Perú, se verá beneficiado siempre y cuando sus líderes impulsen el desarrollo de los proyectos mineros pendientes de ejecución como Tía María, Zafranal, Conga, Los Chancas, Michiquillay, etc.

El desarrollo de los proyectos antes mencionados requerirá inversiones que podrían alcanzar o superar los $20 mil millones en los próximos cinco años, sin embargo, también se requiere la convicción de las autoridades para que se convenzan de que estas inversiones generarán nuevos ingresos fiscales y centenares de miles de puestos de trabajo que proveerán bienestar a un gran sector de la población que se encuentra desempleada y en situación de pobreza.

Adicionalmente, es necesario que se brinde seguridad a la ciudadanía, tengamos presente que la labor primigenia de un estado es proporcionar seguridad y combatir todo acto delictivo.  Lo que está sucediendo en gran parte del país -con relación a la minería ilegal- constituyen actos de terrorismo y como tal debe establecerse en la normatividad para que esta actividad sea sometida a interdicción.

En 1992, tras la derrota de la subversión y la captura de sus principales cabecillas es que las inversiones llegaron al Perú. Posteriormente, la ciudadanía votó por primera vez a favor de la ratificación de la Constitución de 1993 -vigente hasta la actualidad con sus modificatorias-.  En 1990, la pobreza alcanzaba a más del 60 por ciento de la población, veinte años después, la pobreza se había reducido a su tercera parte. La fórmula confianza, atracción de inversiones y generación de empleo productivo funcionó y seguirá funcionando para beneficio de todos los peruanos.

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