Por Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

El ingreso en operación de la mina Quellaveco en setiembre de 2022 marcó un hito crucial que solidificó la posición de Perú como un actor destacado en la producción global de cobre. Durante gran parte de 2023, este proyecto minero ocupó el cuarto lugar como principal productor nacional de cobre.

Esta transformación en el panorama minero peruano se tradujo en cifras impresionantes. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción peruana de cobre alcanzó las 253,582 toneladas métricas finas (TMF) en noviembre pasado. Este notable crecimiento del 10% en comparación con el mismo mes del año anterior no solo resalta la eficiencia operativa de Quellaveco, sino que también subraya el impacto positivo que ha tenido en la economía del país.

El incremento en la producción de cobre no solo es un logro numérico; es un reflejo del potencial transformador de la industria minera en Perú. La inversión y la entrada en operación de megaproyectos como Quellaveco no solo generan empleo y crecimiento económico, sino que también consolidan la posición del país en la escena global como un jugador clave en la cadena de suministro de cobre.

Sin embargo, este éxito no está exento de desafíos. En un intento por combatir la minería ilegal, el Gobierno anunció la instalación de una comisión especial. Este no es el primer esfuerzo de las autoridades para erradicar estos actos delictivos, especialmente en un contexto donde el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido parte de estrategias previas. Aunque la iniciativa es loable, la falta de detalles sobre los temas que serán discutidos en esta comisión deja cierta incertidumbre en el horizonte.

La composición de la comisión, incluirá a figuras clave como el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de Defensa; Economía y Finanzas; Interior; Desarrollo Agrario y Riego; Trabajo y Promoción del Empleo; Energía y Minas; Ambiente; y Relaciones Exteriores. Este equipo ministerial refleja la multidimensionalidad del desafío, abarcando desde temas económicos hasta ambientales.

No obstante, el problema persiste y se presenta sin una solución clara, a ello se suma un informe revelador del programa Monitoreo del Proyecto Amazonía Andino (MAAP), el cual destaca que la minería ilegal está vinculada a la deforestación de 5,707 hectáreas fuera del Corredor Minero en el país.

Este dato subraya la urgencia de abordar no solo los aspectos económicos de la minería ilegal, sino también sus impactos ambientales, lo cual plantea una tarea compleja y de proporciones considerables.

En conclusión, mientras la industria minera peruana celebra sus éxitos de producción, enfrenta desafíos críticos que requieren ser abordados integralmente y con acciones decididas. La erradicación de la minería ilegal no solo demanda esfuerzos gubernamentales, sino también la participación de la sociedad civil y un enfoque sostenible que equilibre el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente.